El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó el 16 de julio de 2025 la convocatoria para formar una comisión ciudadana que elegirá al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, en reemplazo de Diana Salazar y Wilson Toainga, fiscal subrogante. Las inscripciones para comisionados ciudadanos se abrirán del 18 al 31 de julio, con la meta de integrar la comisión en octubre.
La selección consta de dos fases: un concurso público de méritos e impugnación para elegir 30 ciudadanos (15 hombres y 15 mujeres) con las más altas calificaciones, de los cuales se sortearán cinco principales y cinco suplentes. Paralelamente, las cinco funciones del Estado (Presidencia, Asamblea, Judicial, Electoral y Transparencia) designarán delegados, quienes pasarán por una revisión de inhabilidades y posibles impugnaciones ciudadanas por falta de probidad.
Los aspirantes a comisionados deben ser ecuatorianos, mayores de 18 años, con probidad notoria, trayectoria en organizaciones sociales o lucha contra la corrupción, título de tercer nivel y experiencia en gestión pública o temas relacionados con la Fiscalía. Las postulaciones, que pueden incluir respaldo de organizaciones sociales, se recibirán en oficinas del CPCCS en Quito, delegaciones provinciales y consulados, hasta las 24:00 del 31 de julio.
La convocatoria se aprobó en una sesión liderada por Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, quien enfrenta críticas y un pedido de revocatoria del Observatorio Ciudadano por no avanzar en la designación de 59 autoridades de ocho instituciones. Fantoni defendió que el CPCCS actúa como cuerpo colegiado, no como un ministerio, y que las decisiones se toman en el pleno.
Diana Salazar renunció el 20 de mayo de 2025 para asumir como embajadora en Argentina, dejando a Toainga en funciones prorrogadas desde el 8 de abril. El CPCCS, que no anticipó el proceso, espera que la comisión, una vez formada, convoque un concurso para seleccionar al fiscal general por un periodo de seis años.
El proceso, que tomará entre 60 y 90 días, busca garantizar transparencia en la elección de una autoridad clave para el sistema judicial ecuatoriano, en medio de cuestionamientos al liderazgo del CPCCS y la urgencia de renovar la Fiscalía.
