El crimen organizado en Ecuador intensifica los femicidios, con casos como el de Ayme Solórzano, asesinada por sicarios en Guayaquil, evidenciando cómo estos delitos se disfrazan de sicariatos para encubrir la violencia de género. Desde 2014, cuando se tipificó el femicidio en el COIP, 450 mujeres han sido asesinadas por sus parejas hasta 2021, y en 2023, la Fiscalía reportó 77 femicidios entre enero y septiembre.
Casos como el de Valeria Vargas, ordenado por su pareja, o Paola Ortega, inicialmente confundido con un robo, muestran cómo las bandas criminales complican la identificación de femicidios. Las investigaciones dependen de cámaras de seguridad y la persistencia de familiares, ya que la impunidad crece cuando los autores intelectuales huyen. Organizaciones como Aldea y Cepam señalan que el crimen organizado exacerba la violencia de género, dificultando estadísticas precisas.
La familia de Cinthia Zula, asesinada en 2020 en Quito, exigió justicia tras identificar al culpable, un adolescente que confesó. Lizeth Riofrío, apuñalada 35 veces por su expareja en Tulcán, refleja la brutalidad de estos crímenes. Los familiares denuncian la falta de diligencia de la Fiscalía, temiendo que los casos queden impunes.
El aumento de la violencia, con 1.013 muertes violentas en la Zona 8 (Guayaquil, Durán, Samborondón) en 2025, está ligado a disputas entre bandas. Masacres carcelarias, como las que dejaron 600 muertos desde 2019, y la fuga de alias Fede, líder de Los Águilas, evidencian la fragilidad del sistema penitenciario.
El gobierno de Daniel Noboa enfrenta esta crisis con operativos militares y recompensas por capos como Fede, pero la sociedad civil y expertos advierten que sin abordar el reclutamiento de jóvenes por bandas y la impunidad, la violencia persistirá. Las familias, en luto, exigen justicia y medidas efectivas para frenar esta escalada criminal.
