El crimen organizado ha evolucionado, utilizando herramientas digitales como la inteligencia artificial, criptomonedas y la dark web para expandir sus operaciones en América Latina, según un informe de The Economist del 29 de abril de 2025. La región, que concentra el 8% de la población mundial pero un tercio de los homicidios globales, es un blanco clave para estas redes, que diversifican sus actividades más allá del narcotráfico hacia el cibercrimen, la trata de personas y la extorsión, generando millonarias ganancias.
En América Latina, grupos como el Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil, con 40.000 miembros activos en 26 países, y el Tren de Aragua de Venezuela operan con estructuras fragmentadas que subcontratan servicios criminales, según la Universidad de Chicago. Estas organizaciones usan plataformas como Telegram para reclutar delincuentes con experiencia en IA y aprendizaje automático, y aprovechan la dark web para traficar drogas, armas y datos robados de forma anónima. En 2023, Ecuador vio un aumento de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes, reflejando la creciente influencia de mafias extranjeras en la política y la seguridad.
El narcotráfico sigue siendo el núcleo de sus ingresos, pero las drogas sintéticas, como el fentanilo y el etonitazeno, están transformando el mercado por su alta potencia y facilidad de producción. La ONU reporta que las incautaciones de metanfetamina en Asia aumentaron cuatro veces entre 2013 y 2022, un modelo que se replica en América Latina. Además, el cibercrimen, como el phishing y la sextorsión, se ha profesionalizado, afectando a empresas y gobiernos. En Haití, las mafias han tomado control territorial, evidenciando la debilidad de los sistemas de seguridad nacionales.
La falta de cooperación internacional complica la lucha contra estas redes transnacionales. Jürgen Stock, exsecretario de Interpol, advirtió que el crimen organizado opera con una profesionalidad sin precedentes, mientras los sistemas policiales siguen limitados por fronteras. En América Latina, la corrupción y la desigualdad facilitan la expansión de estas bandas, que controlan a 80 millones de personas en la región, según estudios. El informe destaca la urgencia de estrategias regionales para contrarrestar esta amenaza digital y territorial.
