Por: Lcda. Mónica Carriel G.
Hay países que tropiezan y corrigen. Y hay otros —como este— que convierten el tropiezo en método y la torpeza en doctrina.
El episodio de “Negro Willy” no es un accidente administrativo: es una radiografía. La documentación para su extradición desde España no llegó a tiempo —otra vez el tiempo, ese detalle menor en la burocracia ecuatoriana— y el resultado fue previsible: libertad, micrófonos, cámara y una entrevista donde el protagonista, ya sin apuros judiciales, se permite revelar supuestos vínculos de la candidatura de Daniel Noboa con los narcos. No es solo el contenido: es la escena. La sesión de fotos, la calma del entrevistado, la risa distante de un periodista europeo cuando se le menciona la posibilidad de que el ministro John Reimberg cruce el océano a buscarlo. “…sería noticioso que el ministro vaya y nosotros estaríamos encantados de entrevistarlo”, dice. Y uno entiende que ya no se trata de ironía: es diagnóstico internacional. Ecuador no proyecta autoridad; proyecta improvisación.
En paralelo, la maquinaria oficial produce espectáculos que duran lo que tarda la realidad en desmentirlos.
El decomiso de un millón de dólares supuestamente “ilícitos” se transformó, con velocidad casi ofensiva, en un reclamo con nombre, abogado y entrevistas en medios. El relato se desplomó en cuestión de horas, pero el daño quedó: una institucionalidad que acusa primero y verifica después.
Lo mismo ocurre con las capturas que se anuncian como golpes estratégicos y terminan en farsas procesales. “La Muñeca”, supuesto miembro de los Chone Killer, detenida y liberada con la misma prisa; alias “La Perris” , supuesta cabeza de Los Tiguerones, convertido en trofeo efímero antes de morir dentro de una cárcel, oportunamente antes de hablar. En Ecuador, la justicia no es ciega: es intermitente. Aparece cuando conviene y se desvanece cuando incomoda.
El caso del bombardeo a una finca lechera eleva el absurdo a una categoría más peligrosa: la del error armado. La inteligencia militar —si es que el término aún aplica— confundió animales de corral con estructuras del narcotráfico y ejecutó un operativo cuyas consecuencias hoy se explican con evasivas. Hay denuncias de abusos, de tortura, de procedimientos irregulares. Hay preguntas elementales: ¿qué información sustentó la intervención?, ¿qué se encontró realmente?, ¿quién validó el uso de la fuerza? Y, sin embargo, no hay respuestas verificables ni responsables visibles. El ministro Gian Carlo Loffredo permanece en su cargo, como si el país hubiera decidido que la rendición de cuentas es un lujo opcional. La continuidad, en este caso, no es fortaleza política: es indiferencia institucional.
Ayer por la mañana se reportó a los medios una posible amenaza de bomba en La Prosperina. Consultada la policía, el Crnl. Geovanny Arguello Nájera, jefe del distrito Florida, es el encargado de ofrecer los detalles. La respuesta fue precisa en lo irrelevante: no era una bomba, sino una ‘emulsión explosiva encartuchada’. Un eufemismo más y terminaremos creyendo que las vacas de la finca bombardeada no eran vacas, sino “biología sospechosa dentro de una estructura ilícita dedicada, quizá, a la producción irregular de calcio líquido”.
Y como si la institucionalidad fuera un decorado prescindible, dos actores políticos supuestamente abandonan el país antes de sus audiencias, cruzando controles que, en teoría, deberían existir. La ley, aquí, no se rompe: se esquiva.
El problema no es la suma de episodios, sino la coherencia entre ellos. Todos responden a un mismo patrón: decisiones apresuradas, procedimientos débiles, comunicación errática y una alarmante incapacidad para sostener las consecuencias. El Estado llega tarde, actúa mal y explica peor. Y cuando se le exige claridad, responde con silencios o con relatos que no resisten la primera verificación. No hay estrategia visible, solo reacción; no hay consistencia, solo parches. Gobernar, en este contexto, parece reducido a administrar crisis mal contenidas y a confiar en que la siguiente noticia sepulte a la anterior.
Mientras tanto, la realidad avanza sin pedir permiso. Ocho pescadores desaparecen en altamar tras una explosión y es El Salvador quien logra lo que Ecuador no: encontrarlos. El contraste no es menor. Expone, sin necesidad de adjetivos, la diferencia entre un Estado que reacciona y otro que se paraliza.
Conviene decirlo sin rodeos: no es mala suerte. Tampoco es sabotaje permanente, esa coartada cómoda que sirve para todo y explica poco. Es negligencia. Negligencia en la gestión, en la coordinación, en la ejecución y, sobre todo, en la responsabilidad política. Porque si cada error grave se disuelve sin consecuencias, lo que se institucionaliza no es la estabilidad, sino la impunidad del error. Y un país no se derrumba de un día para otro; se erosiona lentamente, cada vez que un hecho grave queda sin respuesta, cada vez que una decisión equivocada no tiene costo.
Presidente, el poder no es una vitrina ni una narrativa. Es una obligación concreta: anticipar, ordenar, responder. Hoy, esas tres funciones fallan con una regularidad preocupante. Y cuando fallan, no basta con explicar: hay que corregir y asumir. El país no necesita más épica ni más promesas de control. Necesita rigor. Necesita resultados. Y, sobre todo, necesita que alguien que se haga cargo y ojalá ese “alguien” sea usted.
