El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) analizará cuatro impugnaciones ciudadanas en contra de candidatos a integrar la comisión que seleccionará al nuevo Fiscal General del Estado. El concurso busca conformar la comisión que reemplazará a Diana Salazar y al fiscal encargado Wilson Toainga (y su subrogante, Leonardo Alarcón).
Un equipo técnico del CPCCS aconsejó admitir las impugnaciones contra cuatro de los 42 aspirantes ciudadanos, por lo que el tema será tratado en sesión extraordinaria este 24 de octubre.
Los candidatos objetados y sus causales:
- José Montesdeoca Palacios: Impugnado por haber sido legislador suplente del movimiento Alianza PAIS (2017-2021), lo que podría incurrir en la prohibición de haber desempeñado una dignidad de elección popular en los últimos cinco años.
- Héctor Freire Villafuerte: Cuestionado por no presentar el certificado de apoliticismo emitido por el CNE, y por registrar responsabilidades civiles y administrativas culposas en la Contraloría, pese a que fue habilitado en la fase de admisibilidad.
- Álex Bósquez Cáceres: Impugnado por ser candidato a asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica (PSP) en las elecciones de 2025.
- Joselito Argüello Saltos: Abogado y exfiscal, objetado por haber sido candidato a asambleísta en las elecciones de 2021 y 2025 por distintas tiendas políticas.
Alertas de la Sociedad Civil:
Paralelamente, una Comisión Cívica (integrada por abogados, periodistas y académicos) que vigila el concurso difiere de los informes del CPCCS. Su análisis detalla que, en el caso de los diez delegados de las funciones del Estado (que no recibieron impugnaciones), solo uno cumplió con todos los requisitos, mientras que nueve delegados “incumplieron con todos los requisitos, prohibiciones e inhabilidades”.
