El gobierno de Cuba respondió con el lema “patria o muerte” ante la reciente orden ejecutiva de la administración de Donald Trump, que impone aranceles a los países que vendan petróleo a la isla. Washington justificó la medida alegando razones de seguridad nacional, citando la alianza de La Habana con potencias hostiles y la presunta presencia de grupos terroristas en su territorio. Por su parte, el dictador Miguel Díaz-Canel rechazó las sanciones y aseguró que el régimen no cederá ante la presión económica, aunque manifestó una disposición condicionada al diálogo basado en el respeto mutuo.
La crisis humanitaria en Cuba se ha profundizado debido a un déficit crítico de combustible, tras la drástica reducción de los envíos de crudo desde Venezuela y México. Actualmente, la isla requiere unos 110,000 barriles diarios para funcionar, pero su producción nacional apenas cubre una fracción, lo que ha provocado apagones prolongados y desabastecimiento de productos básicos. Mientras la Casa Blanca sostiene que los aranceles buscan asfixiar la financiación de actividades desestabilizadoras, el régimen cubano califica la estrategia como un intento de aislamiento criminal que ignora la soberanía de la nación caribeña.
