Ramón Luis Ayala, conocido mundialmente como Daddy Yankee, se enfrenta este jueves una vez más con su exesposa, Mireddys González, y su excuñada, Ayeicha González, para continuar su pugna legal que iniciaron en diciembre de 2024 desde el Tribunal Federal en Puerto Rico.
El artista llegó a la corte ubicada en Hato Rey junto al licenciado Víctor Acevedo, abogado de la corporación El Cartel Records, y solo se remitió a agradecer el apoyo que ha recibido por Puerto Rico, así como un mensaje de fe.
Mientras que las hermanas González Castellanos llegaron junto a la abogada Mayra López Mulero, quien la representa en las litigaciones que corren aún a nivel estatal, quien expresó que su clienta “no va a estar emitiendo expresiones”.
Esta vista preliminar surge luego que el artista, a través de las corporaciones El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., radicaran una demanda por $12 millones contra las hermanas por supuesto fraude y abuso informático al presuntamente “eliminar y retener en secreto registros comerciales esenciales con la intención deliberada de causarles daño”.
En dicha demanda, los abogados de las empresas reclaman que su exesposa y su excuñada borraron cuatro años de correos electrónicos relacionados con las corporaciones, lo que dejó a esas entidades legales sin récords ni capacidad para operar.
“Este caso surge de una profunda traición a la confianza y una campaña deliberada para socavar la integridad de una empresa desde dentro”, lee el recurso de 27 páginas que sometieron el pasado 30 de julio.
En esta acción, El Cartel y Los Cangris piden compensación total, así como una orden contra González Castellanos, quien era presidenta de las entidades, y su hermana, quien fungió como secretaria y tesorera de ambas compañías, para que entreguen mensajes borrados, computadoras, teléfonos, servidores y cualquier otro expediente que les pueda ayudar a restaurar sus récords corporativos.
La reclamación federal es la primera que llega a ese foro desde que a fin de 2024, Ayala Rodríguez y su entonces esposa tuvieron una separación, tanto personal como corporativa, con el resultado de que el cantante removiera a ambas hermanas de las posiciones oficiales que tenían en las corporaciones. Mireddys, no obstante, sigue vinculada solo como accionista.
En los casos estatales, algunos todavía activos, Ayala Rodríguez demandó por tener acceso a todos los récords de las corporaciones, alegando que él no había estado involucrado con ese aspecto de su carrera porque estaba enfocado en la parte artística. Pero con la acción federal, presentó una versión más detallada hasta ahora de lo que catalogó como una “campaña calculada de sabotaje” por parte de las codemandadas para derrumbar lo que había logrado hasta ahora con su carrera, para causarle daños económicos y para dificultarle el proseguir sus negocios.
Según el recurso legal, las hermanas González Castellanos borraron todos los correos de la cuenta [email protected], que es la principal del negocio, de entre el 23 de julio de 2020 al 30 de diciembre de 2024 a las 7:00 pm, antes de que Mireddys entregara control de la corporación por orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
Por la forma en que las hermanas González Castellanos manejaban la corporación, las cuentas de correo electrónicas, pero específicamente esa de Mireddys, constituyen el expediente oficial de las entidades. “Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y dónde iba a doler”, indicó la petición judicial.
Hay dos eventos particulares de la carrera del cantante que se dice que no se han podido reconstruir: La Última Vuelta World Tour (la gira mundial que hizo antes de anunciar su retiro y conversión al cristianismo) y la venta del catálogo de canciones en octubre de 2024 a Concord Music por $217 millones.
“Las demandantes no han podido confirmar ingresos, validar gastos ni rastrearla distribución de fondos… la mayoría de los ingresos de su carrera ilustre de 30 años no se encuentra por ningún lado”, precisó la parte demandante al añadir que Mireddys retuvo la clave para entrar a su cuenta de correo electrónico en desafío a la orden que emitió el juez superior Anthony Cuevas para que entregara toda la propiedad corporativa, incluyendo los correos.
“Esto fue un acto intencional malicioso, nacido de la venganza y autopreservación. La represalia fue su primer y más poderoso motivo. El ‘timing’ lo dice todo. En su mente, borar todos esos correos era una forma de castigo, su manera de enviar un mensaje: que todavía tenía el poder para infligir daño. Fue personal. Fue preciso. Fue venganza, simple y directa; pero la venganza no era su único objetivo”, dice el documento al resaltar que Mireddy hizo una declaración jurada en la que reconoce el tipo de material corporativo que había en su cuenta de correo.
Sobre Ayeicha, quien en todos estos meses de controversia se ha mantenido fuera del ojo público, la demanda dice que “su involucración fue de todo menos pasiva”. “En su mente , estaba defendiendo el honor de su hermana en contra de un esposo y patrono ingrato”, añade.
Las entidades presentaron también un injunction, pidiendo al Tribunal que emita una orden con medidas dirigidas a “subsanar” los presuntos daños que, según alega la parte demandante, ha enfrentado como “represalia” tras iniciar las acciones legales.
