El presidente Daniel Noboa anunció el 2 de junio de 2025, desde el Palacio de Carondelet en Quito, la eliminación del subsidio al diésel para la industria atunera, como parte de cinco políticas estratégicas para su segundo mandato. La medida, comunicada por la nueva vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, implica un ahorro anual de $42 millones para el Estado, dentro de los $1,500 millones destinados a subsidios de diésel en 2024, según el Ministerio de Energía. La focalización excluye a los pescadores artesanales, asegurando que no se afecte a los sectores más vulnerables.
La industria atunera, que consumió 144,064 barriles de diésel subsidiado en 2024, según la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (Ceipa), enfrenta un cambio significativo. Las 29 empresas atuneras más grandes concentran el 60% de este subsidio, que representa $0.72 por galón de diésel premium, según datos oficiales. Noboa propone sustituir el diésel por gas natural para mantener la competitividad del sector, que exportó $2,171 millones en 2024, un 21% más que el promedio de años anteriores. El gobierno ofrecerá líneas de crédito preferenciales para renovar embarcaciones, facilitando la transición energética.
Esta decisión, alineada con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), busca optimizar recursos para programas sociales, como educación y salud, que recibirán $250 millones y $150 millones, respectivamente, en 2025. La viceministra de Economía, Ana Cristina Avilés, destacó que las proyecciones de ventas del sector atunero, que superan el impacto del aumento del IVA al 15%, minimizarán el efecto económico. Sin embargo, la Cámara Nacional de Pesquería (CNP) insiste en la importancia del subsidio para la competitividad, ya que las flotas consumen 43 millones de galones de diésel al año, equivalentes al 2.8% del consumo nacional.
El plan también incluye otras medidas económicas, como el cobro del valor real de la energía eléctrica a grandes empresas y una tasa de fiscalización para proyectos mineros, que podrían generar $4,000 millones en exportaciones en 2025. La apertura del catastro minero y auditorías a Petroecuador, Celec y CNEL refuerzan la estrategia de eficiencia fiscal. Estas acciones se suman a la focalización previa de subsidios a gasolinas extra y ecopaís en 2024, que ahorró entre $481 y $531 millones, según el viceministro Esteban Torres.
La industria atunera, representada por Ceipa y la CNP, está en diálogo con el Ministerio de Producción para mitigar impactos. Bruno Leone, presidente de la CNP, subrayó que el diésel es vital para la flota pesquera, y la falta de infraestructura para importar gas natural plantea desafíos. Mónica Maldonado, de Ceipa, aclaró que las procesadoras ya pagan precios de mercado, pero las flotas dependen del subsidio. El gobierno promete un suministro estable de gas, aunque la producción actual en Ecuador es marginal, limitada a Termogas Machala y algunas industrias del sur.
La medida, aunque progresiva, reaviva temores de protestas, como las de junio de 2024 contra la focalización de gasolinas, lideradas por el Frente Popular. Expertos como Daniel Lemus, de la ESPOL, advierten que el subsidio al diésel automotriz, que consume 8.3 millones de barriles anuales, es más sensible y podría generar tensiones sociales si se toca. Por ahora, Noboa asegura que transporte público, taxis y agricultura mantendrán el subsidio, priorizando la estabilidad social y económica.
