El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha vetado totalmente el proyecto de Ley Orgánica de Participación de las Rentas del Estado, aprobado por la Asamblea Nacional el 26 de marzo de 2025, que buscaba asignar un dólar por cada barril de petróleo industrializado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos. La objeción, anunciada el 28 de abril de 2025, ha generado críticas de sectores como Revolución Ciudadana, que califican la decisión como un rechazo a una “deuda histórica” con estas provincias, afectadas por la pobreza y recientes desastres ambientales, como el derrame de 25.000 barriles de petróleo en Esmeraldas. Noboa argumenta que la ley presenta inconstitucionalidades y podría desestabilizar las finanzas públicas.
La normativa, respaldada por 106 votos en una sesión histórica en Esmeraldas, proponía distribuir los recursos petroleros en un 10% para gobiernos parroquiales, 50% para municipales y 40% para provinciales, destinándolos a obras de agua potable, alcantarillado, gestión de residuos, infraestructura vial y proyectos ambientales, excluyendo gastos corrientes. Sus defensores, como la asambleísta Victoria Desintonio, destacaron que la ley abordaría el abandono estatal en regiones con altos índices de pobreza multidimensional, como Esmeraldas, donde el 25% de la población vive en pobreza extrema. Sin embargo, el veto de Noboa, basado en supuestas inconsistencias legales y riesgos fiscales, detiene estas aspiraciones, obligando a la Asamblea a esperar un año para reconsiderar el proyecto, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La decisión ha intensificado el debate político en un contexto de emergencia en Esmeraldas, agravado por el reciente sismo y la crisis ambiental por el derrame de petróleo. Críticos, como la bancada de Revolución Ciudadana, acusan a Noboa de priorizar intereses políticos sobre las necesidades de provincias olvidadas, señalando su ausencia en Esmeraldas durante la crisis. Por otro lado, el Ejecutivo defiende el veto como una medida para proteger la estabilidad económica del país, en un momento de precios internacionales del petróleo a la baja y proyecciones del FMI que anticipan una caída del 16% en el precio del crudo. Este veto, el decimoséptimo de Noboa a proyectos legislativos, refuerza las tensiones con la Asamblea y plantea interrogantes sobre el futuro de las políticas de redistribución en regiones petroleras.
El impacto del veto trasciende lo económico, afectando la confianza de las comunidades en las promesas de desarrollo. Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos, que esperaban beneficiarse de la ley para financiar infraestructura básica, enfrentan ahora un panorama incierto. Mientras la Asamblea Nacional expresó solidaridad con Esmeraldas tras el sismo del 25 de abril y pidió no vetar la ley, la decisión de Noboa sugiere un enfoque cauteloso hacia las finanzas públicas, pero a costa de postergar soluciones para provincias históricamente marginadas. El desafío para el gobierno será articular alternativas que respondan a estas demandas sin comprometer la sostenibilidad fiscal, en un país donde el petróleo sigue siendo un pilar del presupuesto estatal.
