Daniel Noboa asumió su segundo mandato como presidente de Ecuador el 22 de mayo de 2025, tras vencer a Luisa González en la segunda vuelta electoral con el 55.87% de los votos. Su reelección, respaldada por una coalición con el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, le otorga una base sólida en la Asamblea Nacional, donde su movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) controla 14 de 137 escaños. Este apoyo parlamentario, junto con una aprobación popular cercana al 67% al inicio de su primer mandato, le brinda una ventaja significativa para impulsar reformas económicas y de seguridad en un país golpeado por la violencia del narcotráfico y un déficit fiscal de 5,000 millones de dólares.
Durante sus primeros 17 meses de gobierno, Noboa enfrentó crisis como apagones eléctricos, inseguridad récord con 3,600 homicidios en 2023, y tensiones diplomáticas tras la irrupción en la embajada mexicana para arrestar a Jorge Glas. A pesar de estos retos, su estrategia de mano dura contra el crimen, incluyendo la declaración de un “conflicto armado interno” y el Plan Fénix, mantuvo su popularidad. Sin embargo, Amnistía Internacional ha señalado preocupaciones por violaciones de derechos humanos, como detenciones sin garantías procesales y presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo que plantea desafíos para su nueva gestión. Noboa busca ahora una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución de 2008, una medida que podría consolidar aún más su poder.
El nuevo mandato de Noboa, que se extenderá hasta 2029, ofrece una oportunidad para abordar problemas estructurales como la dolarización, el apoyo a pequeñas empresas y la cooperación internacional con países como Estados Unidos. Sin embargo, las críticas persisten: desde acusaciones de opacidad en políticas de seguridad hasta cuestionamientos sobre el uso electoral de su visita a Donald Trump en marzo de 2025. Con un gabinete renovado pero criticado por su juventud y falta de experiencia, Noboa debe equilibrar resultados inmediatos con una visión de largo plazo para evitar la inestabilidad política que ha marcado a gobiernos anteriores, mientras enfrenta expectativas de un electorado que demanda soluciones concretas a la violencia y la crisis económica.
