El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que no tiene planes de continuar con el proyecto minero Loma Larga y ha transferido la responsabilidad de frenarlo a los gobiernos locales. En una entrevista con radio La Suprema, Noboa pidió a la Prefectura de Azuay y al Municipio de Cuenca que presenten sus informes sobre la supuesta contaminación y que, si deciden detener el proyecto, sean ellos quienes enfrenten las posibles consecuencias, como un arbitraje internacional con la empresa Dundee Precious Metals, propietaria del yacimiento. El mandatario insistió en que el Estado no se pondrá “del lado de la posible contaminación”, pero subrayó que él no puede desacatar una sentencia de la Corte que respalda el proyecto.
Noboa aseguró que esta es una situación “heredada” de gobiernos anteriores, poniendo como ejemplo el caso Chevron, que le costó a Ecuador $800 millones. Aunque el presidente afirmó que existe una “altísima” probabilidad de que el proyecto no se concrete, también advirtió que hay “una probabilidad de que existan problemas a futuro” si las autoridades locales no asumen su responsabilidad de manera legal.
El proyecto Loma Larga, ubicado cerca de Cuenca, tiene un potencial de inversión de alrededor de $499 millones y podría producir un promedio anual de 200.000 onzas de oro en sus primeros cinco años de operación. Según información del Banco Central del Ecuador, se espera que la construcción comience en el primer trimestre de 2026 y que la mina entre en producción en 2028. Se proyecta que el proyecto generaría 1.500 empleos directos e indirectos durante la construcción y unos 500 en su fase de operación.
