La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó su compromiso de avanzar en la redacción de una ley de amnistía general que abarque el periodo político comprendido entre 1999 y el presente. Esta normativa, solicitada con carácter de urgencia al Parlamento, pretende excarcelar a los detenidos por causas políticas, excluyendo a quienes estén procesados por crímenes de lesa humanidad, homicidios o narcotráfico. La propuesta surge bajo un contexto de reestructuración gubernamental tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses hace un mes, evento que ha derivado en una transición supervisada y en la reapertura de canales diplomáticos con Washington.
Como parte de este acercamiento, Rodríguez sostuvo una reunión con la representante diplomática de Estados Unidos, Laura Dogu, para discutir la estabilidad y prosperidad del país. Mientras el Legislativo analiza la celeridad del debate, familiares de más de seiscientos ciudadanos que aún permanecen en prisión aguardan con expectativa la implementación de la medida. En paralelo, la mandataria anunció una nueva ley de minería y resaltó la reciente reforma petrolera que permite el retorno de la inversión extranjera, marcando un giro en la política económica nacional hacia un modelo de apertura comercial y pacificación interna.
