La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que la totalidad de los recursos obtenidos por la venta de petróleo y gas se dirigirá a la reestructuración del sistema sanitario venezolano. Durante una intervención pública, ella explicó que el gobierno trabaja en un plan especial para dotar de insumos y equipos a setenta y cinco centros de salud afectados por la crisis prolongada. Esta promesa surge en un momento de reconfiguración económica, donde la administración interina busca priorizar las necesidades sociales básicas. Sin embargo, este anuncio coincide con la postura de Washington de mantener el control administrativo sobre las transacciones del hidrocarburo, asegurando que los fondos derivados de la comercialización serán depositados en cuentas gestionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense.
Por su parte, el secretario de energía de Estados Unidos, Chris Wright, ratificó que su país supervisará la venta del crudo venezolano a los mercados internacionales por tiempo indefinido. El funcionario estadounidense señaló que el gobierno de Donald Trump facilitará la inversión de empresas petroleras internacionales, estimando una inyección de capital privado cercana a los cien mil millones de dólares. El plan de la Casa Blanca incluye el suministro de hasta cincuenta millones de barriles de petróleo para su comercialización directa, bajo la premisa de garantizar la seguridad jurídica a los inversores. Mientras Rodríguez enfatiza el destino social de las ganancias en territorio nacional, las autoridades de Estados Unidos mantienen la potestad sobre el flujo financiero de la industria para evitar desvíos de capital.
