La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador ha denunciado el traslado de doce personas indígenas detenidas en Otavalo, provincia de Imbabura, hacia los centros penitenciarios de Esmeraldas y Portoviejo. La organización calificó la acción de “ilegal” y de “alto riesgo para su vida e integridad”, dado que el sistema carcelario atraviesa una grave ola de violencia. Estos doce detenidos, apodados los “12 de Otavalo“, están siendo investigados por presunto terrorismo en el contexto del reciente paro nacional.
La madrugada de este jueves, una disputa entre bandas de narcotráfico en la cárcel de Esmeraldas dejó al menos 17 reclusos muertos. Con este incidente, la cifra de presos asesinados en disturbios carcelarios en los últimos tres días asciende a 30, además de un guardia penitenciario fallecido.
Aumentan los detenidos y los cargos por terrorismo
El Ministerio del Interior informó que las protestas por la eliminación del subsidio a los combustibles han dejado un total de 85 personas detenidas hasta este jueves, la mayoría en las provincias de Imbabura y Pichincha.
La Fiscalía General del Estado ha iniciado el procesamiento penal de los detenidos, con énfasis en trece personas acusadas del presunto delito de terrorismo. Estos primeros procesados están vinculados al ataque contra el Comando de la Policía Judicial en Otavalo, donde los manifestantes supuestamente irrumpieron en las oficinas, sustrajeron documentos, causaron daños materiales e incendiaron más de diez vehículos. Una jueza dictó prisión preventiva para doce de los implicados y medidas alternativas para una mujer.
La Alianza por los Derechos Humanos ha solicitado a la comunidad internacional que intervenga para garantizar la seguridad y el debido proceso de los manifestantes indígenas.
