Las autoridades de Colombia y Venezuela lograron desmantelar una red de trata de personas dedicada a la explotación sexual de mujeres y niñas, principalmente de comunidades indígenas. La Fiscalía General de la Nación y la Armada de Colombia, en un operativo conjunto, consiguieron liberar a seis víctimas que eran mantenidas en cautiverio. La operación permitió desarticular la organización criminal que operaba en la región fronteriza, específicamente entre el departamento colombiano de La Guajira y el estado venezolano de Zulia.
La red captaba a las mujeres y niñas con engaños, prometiéndoles falsas oportunidades laborales en el área de comercio o servicios, para luego someterlas a explotación sexual. Las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución en locales clandestinos o eran trasladadas ilegalmente a través de la frontera. Se espera que este golpe a la estructura criminal contribuya a reducir este tipo de delitos en la zona de frontera, considerada un punto clave para el tráfico humano debido a la vulnerabilidad de las poblaciones indígenas.
