El 20 de mayo de 2025, Diana Salazar Méndez anunció su renuncia como fiscal general del Estado tras seis años en el cargo, que asumió el 8 de abril de 2019. En un video difundido en redes sociales por la Fiscalía, Salazar, de 43 años, expresó que su salida responde a su convicción de no aferrarse al poder, destacando que “aferrarse a los cargos no le hace bien al país.” Agradeció a la ciudadanía, a su equipo y al fiscal subrogante Wilson Toainga, quien asumió como fiscal titular tras su salida. La Asamblea Nacional, mediante un comunicado, confirmó que dará trámite a la renuncia conforme a la normativa, garantizando transparencia y respeto institucional.
Salazar, que ingresó a la Fiscalía en 2001 como asistente, lideró investigaciones emblemáticas como Sobornos (2012-2016), que resultó en la condena del expresidente Rafael Correa por cohecho, Metástasis, y casos contra Lenín Moreno (Sinohydro) y Guillermo Lasso (Flopec, archivado). Su gestión enfrentó amenazas constantes del crimen organizado, obligándola a vivir bajo estrictas medidas de seguridad, incluyendo chaleco antibalas y escoltas permanentes. En abril de 2025, tanto Salazar como Toainga, cuyo período también culminó, se prorrogaron en funciones ante la falta de un concurso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para designar reemplazos, según lo permitido por el artículo 283 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Wilson Toainga, designado fiscal subrogante en 2019, asume la titularidad mientras el CPCCS avanza en el concurso para un nuevo fiscal general, un proceso que podría tomar al menos diez meses. Toainga, respaldado por un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, enfatizó la necesidad de una transición ordenada. La salida de Salazar, quien enfrentó acusaciones de plagio y un intento de juicio político impulsado por el correísmo, marca un hito en un contexto de polarización política y desafíos para la justicia ecuatoriana.
