La fiscal general Diana Salazar celebró la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) del 1 de mayo de 2025, que suspendió por tres años los derechos políticos de Priscila Schettini, asambleísta electa por Revolución Ciudadana (RC), y le impuso una multa de $22.500 por violencia política de género con tintes racistas. Salazar destacó que la resolución, ratificada por cuatro jueces, establece un “precedente” para que las mujeres denuncien este tipo de agresiones y trabajen sin temor. “Es un mensaje para que las mujeres levantemos la voz”, afirmó en X.
El fallo, que también sancionó a la abogada Angélica Porras con dos años de suspensión y $13.500 de multa, determinó que ambas incurrieron en actos sistemáticos para desacreditar a Salazar, incluyendo hashtags como #LadyImpericia y acusaciones de plagio en su tesis, con el objetivo de forzar su renuncia. Schettini, esposa del exdefensor Freddy Carrión, no podrá asumir su curul el 14 de mayo. La sentencia, de última instancia, eliminó medidas de reparación como disculpas públicas, pero Schettini y Porras anunciaron que no acatarán órdenes de eliminar publicaciones.
El correísmo, liderado por Rafael Correa, respaldó a Schettini, calificando la sanción como persecución y cuestionando la legitimidad del TCE. Santiago Díaz, suplente de Schettini, asumirá la curul, aunque enfrenta denuncias por tráfico de influencias en el caso Liga2.
