El Comando Nacional Antidrogas en Caracas ha pasado de ser un centro operativo a una cárcel destinada a detenidos de alto interés para el ministro del interior, Diosdado Cabello. En las instalaciones de Las Acacias se encuentran actualmente treinta y cinco militares activos, cinco alcaldes y veinte empresarios, entre ellos ciudadanos de nacionalidad estadounidense y mexicana. Las denuncias indican que los arrestos son ejecutados por el grupo de operaciones estratégicas mediante la denominada operación tun tun, trasladando a las víctimas encapuchadas y sin órdenes judiciales. Familiares y custodios señalan que los prisioneros son sometidos a condiciones infrahumanas en celdas de castigo sin luz, enfrentando procesos en tribunales de terrorismo donde se les prohíbe el acceso a una defensa privada.
Entre los casos más destacados se encuentra el del empresario venezolano estadounidense Andrés Ibarz y el de David Pita, vinculado a tramas de lingotes de oro. Los testimonios recogidos por fuentes cercanas al recinto detallan actos de tortura que incluyen descargas eléctricas, asfixia mecánica y golpizas para forzar delaciones. La gravedad de la situación ha llevado a intentos de suicidio, como el del teniente coronel Tomás Gómez Machuca, y a hospitalizaciones de emergencia por lesiones internas graves. A pesar de los abusos documentados, los detenidos permanecen aislados en oficinas y pasillos bajo la supervisión de altos mandos de la guardia nacional bolivariana. El control absoluto de estas instalaciones por parte de la cúpula ministerial refleja la intensificación de la represión contra figuras políticas y económicas en el país.
