Ecuador enfrenta un doble desafío económico: crear 2,5 millones de empleos formales para 2030 y garantizar la sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), según expertos consultados el 29 de abril de 2025. El país, con una población económicamente activa de 8,6 millones, tiene solo 2,9 millones de trabajadores formales, mientras el 64,5% labora en la informalidad, lo que limita los aportes al sistema de pensiones y agrava el déficit actuarial del IESS, estimado en $74.000 millones.
La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) propone una reforma laboral que flexibilice contratos, facilite la contratación juvenil y amplíe la base de afiliados al IESS. Pablo Lucio Paredes, economista, sugiere contratos por horas y reducir impuestos a la contratación para incentivar la formalización, especialmente en sectores como la construcción y el comercio. Sin embargo, el presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Edwin Bedoya, advierte que la precarización laboral podría empeorar si no se protege a los trabajadores informales, quienes representan el 54,8% de la fuerza laboral urbana.
El IESS, con 3,5 millones de afiliados activos frente a 800.000 jubilados, enfrenta una crisis financiera que podría agotar su fondo de pensiones para 2035. Expertos como Édgar Jaramillo, del Observatorio de la Seguridad Social, recomiendan aumentar la edad de jubilación, actualmente en 60 años, y diversificar las inversiones del fondo para reducir la dependencia de aportes estatales, que en 2024 alcanzaron $1.600 millones. Las reformas, en discusión en la Asamblea Nacional, buscan un equilibrio entre crecimiento económico, derechos laborales y sostenibilidad del sistema previsional.
