En lo que va de 2025, la Policía Nacional de Ecuador ha detenido a 960 personas por extorsiones y 434 por secuestros, según el Ministerio del Interior. Estas acciones, lideradas por la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) y la Fuerza Investigativa Contra la Extorsión (FICE), han evitado que $32 millones circulen en economías ilegales vinculadas a estos delitos. Los operativos se concentran en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), donde se reportan cinco secuestros diarios y 787 alertas al ECU911 entre enero y mayo.
Las extorsiones, que incluyen “vacunas” y amenazas telefónicas, afectan a comerciantes en sectores como la Bahía y Martha de Roldós, con panfletos atribuidos a bandas como Los Lobos, aunque la Policía sospecha de grupos menores que usan su nombre. El ministro John Reimberg destacó que los detenidos pertenecen a 16 organizaciones delictivas, y los operativos han debilitado sus finanzas, aunque persisten casos graves, como el asesinato de cuatro comerciantes hallados en una cisterna en Nueva Prosperina tras un secuestro extorsivo.
Pese a los esfuerzos, la liberación de sospechosos por medidas sustitutivas, como en el caso de alias Cocacho, genera críticas a la justicia. Reimberg instó a las víctimas a denunciar anónimamente al 1800 DELITO, ya que los extorsionadores exigen sumas de hasta $1 millón. La escalada de estos delitos refleja una reconfiguración del crimen organizado, que busca ingresos rápidos ante operativos que afectan sus economías ilegales, especialmente en Guayaquil, donde la violencia persiste a pesar del estado de excepción.
