Ecuador libra una “guerra híbrida” contra el crimen organizado, pero el presupuesto asignado a la defensa ha disminuido desde 2015, durante el gobierno de Rafael Correa, según un informe publicado por El Universo. El estudio revela que el 90% de los fondos militares se destina al pago de salarios, dejando recursos insuficientes para operaciones, mantenimiento y adquisición de equipos, lo que compromete la respuesta de las Fuerzas Armadas al conflicto armado interno decretado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024.
La reducción presupuestaria comenzó bajo la administración de Correa, cuando los ingresos petroleros cayeron, afectando el financiamiento de las Fuerzas Armadas. Esta tendencia continuó en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, agravada por el déficit fiscal y la priorización de otras áreas. En 2024, el presupuesto militar no ha logrado cubrir las necesidades operativas para enfrentar el narcotráfico, la minería ilegal y la violencia de bandas criminales, que han intensificado sus acciones en regiones como la Amazonía.
El informe destaca que la emboscada del 9 de mayo de 2025, donde murieron 11 militares en tareas de control de minería ilegal, evidencia las limitaciones logísticas y de inteligencia. Las Fuerzas Armadas enfrentan desafíos adicionales por la falta de tecnología avanzada y el desgaste de equipos, lo que reduce su capacidad para contrarrestar amenazas como los Comandos de la Frontera, grupo de origen colombiano señalado como responsable del ataque.
Expertos consultados por El Universo advierten que el presupuesto militar debe incrementarse para fortalecer la seguridad nacional, proponiendo una reestructuración que priorice la modernización y la capacitación. Mientras tanto, el gobierno de Noboa ha solicitado apoyo internacional, recibiendo asistencia de países como Estados Unidos, China y Argentina. Sin embargo, la sostenibilidad de estas medidas depende de una estrategia fiscal que equilibre las necesidades de defensa con otras demandas sociales, en un contexto de creciente inseguridad y presión ciudadana por resultados efectivos.
