Ecuador deberá pagar $5.859 millones en 2025 por vencimientos de deudas antiguas, incluyendo $1.113 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), según datos del Ministerio de Economía. La carga financiera, que incluye $3.509 millones en deuda externa y $2.350 millones en deuda interna, obliga al país a endeudarse nuevamente por una cifra similar para cubrir estos compromisos, perpetuando un ciclo de deuda sobre deuda. El déficit fiscal, proyectado en $4.000 millones, y una deuda pública que podría alcanzar el 72% del PIB ($90.000 millones), agravan la situación.
El 26 de abril de 2025, la ministra de Economía, Sariha Moya, se reunió con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, para negociar más financiamiento. Entre los principales acreedores externos están China ($670 millones), el Banco Interamericano de Desarrollo ($600 millones), la Corporación Andina de Fomento ($462 millones) y el Fondo Latinoamericano de Reservas ($308 millones). Sin embargo, los ingresos fiscales, afectados por bajos precios del petróleo y limitada cooperación internacional, son insuficientes para cubrir estas obligaciones, forzando al Gobierno a recurrir a préstamos adicionales.
La práctica de financiar deuda con nueva deuda, camuflada bajo “programas de preservación de capital”, ha sido criticada por expertos como Andrés Rodríguez, quien señala que viola la Constitución, la cual prohíbe refinanciar deuda interna. En 2025, el país espera un nuevo crédito del FMI por $1.230 millones, parte del cual se usará para pagar al mismo organismo. La falta de reformas estructurales y el aumento de atrasos con proveedores y el IESS, que superan los $3.900 millones, limitan el margen de maniobra fiscal, dejando al próximo gobierno en una posición financiera crítica.
El exministro de Economía, Fausto Ortiz, advierte que sin un aumento significativo de ingresos o una reducción del gasto público, Ecuador seguirá atrapado en este ciclo. La Constitución de 2008 intentó limitar el endeudamiento irresponsable, pero las necesidades fiscales han llevado al Ministerio de Economía a buscar fórmulas para seguir pidiendo prestado. La dependencia de multilaterales, con tasas bajas pero condiciones estrictas, y la incapacidad de emitir bonos en mercados internacionales debido al alto riesgo país, complican aún más la gestión de la deuda.
