La tensión diplomática entre Quito y Bogotá ha escalado al sector hidrocarburífero. Tras la decisión de Colombia de suspender las exportaciones de electricidad hacia Ecuador desde las 1800 del jueves 22 de enero de 2026, el Gobierno ecuatoriano respondió sugiriendo medidas de “reciprocidad” a través del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, señaló que la tarifa y las condiciones del servicio para el crudo colombiano —que fluye por territorio ecuatoriano desde hace 13 años— entrarán a revisión. Esta postura genera incertidumbre sobre el Acuerdo Binacional firmado en 2013, que fijó una tarifa de 3,40 dólares por barril transportado.
Desde que el OCP pasó a manos del Estado ecuatoriano en diciembre de 2024, Ecuador tiene control total sobre la infraestructura que ha movilizado más de 43 millones de barriles colombianos en la última década. Aunque el volumen ha caído drásticamente en enero de 2026, situándose en un promedio de 331 barriles diarios según la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), la medida tiene un peso geopolítico simbólico y jurídico considerable. Colombia, a través de su ministro Edwin Palma, ya analiza alternativas como reactivar el Oleoducto Trasandino (OTA), aunque expertos advierten que esa ruta es vulnerable a ataques de grupos irregulares y no representa una solución inmediata.
El riesgo para Ecuador no es solo diplomático, sino legal. Analistas energéticos advierten que cualquier modificación unilateral de las tarifas o la suspensión del bombeo podría activar cláusulas de incumplimiento contractual. Empresas como Ecopetrol, Trafigura y GeoPark mantienen contratos vigentes que, de ser vulnerados por decisiones políticas, podrían derivar en millonarios arbitrajes internacionales. Mientras Colombia busca independizarse de la logística ecuatoriana usando tanqueros hacia el puerto de Tumaco, Quito sopesa si el costo de la “reciprocidad” energética justifica exponer la reputación de inversión del país y enfrentar posibles demandas por daños y perjuicios.
