Ecuador busca posicionarse como un referente minero en América Latina con siete proyectos estratégicos que prometen inversiones millonarias y miles de empleos. Según el Ministerio de Energía y Minas, los proyectos El Domo-Curipamba, La Plata, Loma Larga, Cangrejos, Cascabel, Llurimagua y Panantza-San Carlos podrían generar exportaciones de hasta USD 6 000 millones anuales para 2030, superando al banano como principal rubro no petrolero. Actualmente, las minas Fruta del Norte y Mirador, en Zamora Chinchipe, exportan oro y cobre, aportando USD 747 millones en tributos hasta octubre de 2024. El Domo-Curipamba, en Bolívar, y La Plata, en Cotopaxi, iniciarán construcción en 2025, con inversiones de USD 250-300 millones y USD 176 millones, respectivamente, mientras Loma Larga, en Azuay, proyecta USD 315 millones.
Sin embargo, el sector enfrenta múltiples desafíos. La oposición de comunidades indígenas y ambientalistas, como la Conaie, denuncia impactos en territorios y recursos hídricos, exigiendo consultas previas vinculantes. En Palo Quemado, Cotopaxi, protestas contra La Plata reflejan tensiones por la falta de consenso. La minería ilegal, ligada al narcotráfico, y la inseguridad jurídica, agravada por fallos de la Corte Constitucional, como la protección del bosque Los Cedros, desincentivan inversiones. Además, la falta de energía eléctrica estable afecta a minas como Mirador, que requiere 80 MW. La Cámara de Minería, liderada por Carolina Orozco, urge políticas claras, estabilidad tributaria y un reglamento para distribuir el 60% de las regalías a comunidades locales.
El gobierno de Daniel Noboa apuesta por una “minería sostenible”, pero expertos cuestionan su viabilidad sin un marco legal robusto. La ausencia de un catastro minero actualizado desde 2017 limita nuevas concesiones, y la burocracia retrasa permisos, como en Llurimagua, estancado en exploración. Proyectos como Cascabel, con un potencial de 25 millones de onzas de oro, requieren hasta cuatro años para construir minas, lo que demanda paciencia de los inversionistas. El Ejecutivo debe equilibrar el desarrollo económico con los derechos de las comunidades y la protección ambiental, mientras combate la extracción ilegal para evitar conflictos sociales y garantizar que el sector impulse regiones deprimidas sin repetir errores del pasado.
