El 29 de abril de 2025, Ecuador repatriará a 8 ciudadanos colombianos que cumplían condenas en cárceles de Carchi y Pichincha, según informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI). La operación, coordinada con el Ministerio de Justicia de Colombia, permitirá que los reclusos terminen sus penas en su país de origen, principalmente por delitos relacionados con tráfico de drogas. Esta acción se enmarca en un convenio binacional que busca facilitar la reinserción social y reducir la carga en el sistema penitenciario ecuatoriano.
La repatriación responde a una política impulsada por el presidente Daniel Noboa, quien en enero de 2024 anunció la deportación de 1,500 presos extranjeros, mayoritariamente colombianos, venezolanos y peruanos, para optimizar recursos destinados a necesidades como el desayuno escolar. Los 18 reclusos, cuya situación jurídica está definida y han cumplido al menos el 50% de sus condenas, serán trasladados bajo estrictos protocolos de seguridad. Este proceso sigue a repatriaciones previas, como la de 8 colombianos en septiembre de 2024 y 13 en abril del mismo año, evidenciando un esfuerzo continuo por parte de las autoridades ecuatorianas.
La medida ha generado debate. Mientras el gobierno destaca el alivio económico y la descongestión carcelaria, el gobierno colombiano, bajo Gustavo Petro, expresó en 2024 su rechazo inicial, argumentando preocupaciones logísticas y humanitarias. Sin embargo, las coordinaciones bilaterales han permitido avanzar. Familiares de los repatriados, como los de Jesús Armando C. en un caso similar en 2010, han señalado que la cercanía con sus seres queridos facilita la reinserción, aunque persisten desafíos como la extorsión en cárceles, reportada en años anteriores. La repatriación refuerza la cooperación entre ambos países, pero también subraya la necesidad de abordar las condiciones penitenciarias y el crimen transnacional.
