Desde enero de 2020, Estados Unidos ha implementado normas más estrictas para negar visas de turista (B1/B2) a mujeres embarazadas sospechosas de practicar el “turismo de maternidad”, con el objetivo de dar a luz en el país y obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos, según la Decimocuarta Enmienda. Las autoridades consulares rechazan solicitudes si determinan que el propósito principal del viaje es el parto, considerando esta práctica una violación de las leyes migratorias y una carga para los recursos hospitalarios.
El Departamento de Estado no exige pruebas de embarazo, pero los oficiales consulares evalúan las intenciones de viaje durante las entrevistas, basándose en formularios DS-160 y el perfil del solicitante. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) también puede cancelar visas en puntos de entrada si sospecha de un parto planeado, exigiendo pruebas de seguro médico o fondos suficientes para cubrir costos médicos, que pueden superar los $10,000 por un parto sin complicaciones. La medida, impulsada durante la administración Trump, responde a preocupaciones sobre seguridad nacional y actividad criminal asociada a una industria que cobra hasta $80,000 por servicios de hospedaje y atención médica, especialmente para mujeres de países como China, Rusia y México.
Aunque la ciudadanía por nacimiento permanece intacta, las restricciones han generado críticas por su discrecionalidad, ya que no está claro cómo se determina la intención de parto. Las mujeres embarazadas que viajen por motivos legítimos, como tratamiento médico especializado, deben demostrar acuerdos con médicos estadounidenses y capacidad financiera. La política no aplica a países del Programa de Exención de Visa, como Chile, pero afecta a la mayoría de solicitantes latinoamericanos, complicando el acceso a visas para quienes no puedan probar vínculos fuertes con su país de origen.
