El Gobierno de Estados Unidos ha formalizado una nueva normativa que transforma radicalmente el control fronterizo. Bajo esta regla, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) capturará datos biométricos —incluyendo rasgos faciales y huellas dactilares— de todos los extranjeros tanto al ingresar como al abandonar el país.
Objetivos del nuevo sistema
El DHS sostiene que la integración de estos datos permitirá una comparación precisa entre quién entra y quién sale, con el fin de fortalecer la seguridad nacional y abordar los siguientes puntos:
- Prevención del terrorismo: Identificación de amenazas potenciales.
- Control de sobrestadía: Detectar con exactitud a quienes se quedan más tiempo del permitido por su visa.
- Fraude documental: Evitar el uso de documentos de viaje falsos o robados.
- Verificación de identidad: Confirmar de manera concreta quiénes buscan admisión al país.
¿A quiénes afecta la medida?
La directriz es amplia y abarca a todos los no ciudadanos, sin excepciones por edad o estatus legal previo:
- Poseedores de visas (turistas, estudiantes, etc.).
- Residentes temporales y trabajadores con permisos vigentes.
- Menores de edad y adultos mayores.
Críticas y preocupaciones legales
La firma legal Lincoln-Goldfinch Law ha advertido que esta medida representa un “cambio fundamental en la vigilancia biométrica”, planteando interrogantes sobre la privacidad y los derechos civiles.
“Estamos entrando en un nuevo paradigma de vigilancia que exige supervisión jurídica activa. Las familias deben saber qué pasará con sus datos y cuánto tiempo se conservarán”, señaló la abogada migratoria Kate Lincoln-Goldfinch.
Defensores de los derechos civiles instan al Gobierno a aplicar la regla con salvaguardias constitucionales y asegurar que no interfiera injustificadamente con los viajes legales de personas que cumplen con la normativa migratoria.
