La agencia migratoria de Estados Unidos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), ha activado nuevas y estrictas reglas para el trámite de asilo que impactan significativamente tanto a solicitantes como a sus representantes legales a partir de octubre de 2025. Estas disposiciones, respaldadas por la Ley Pública 119-21, buscan abordar la creciente acumulación de expedientes y acelerar los tiempos de procesamiento a través de una estrategia federal enfocada en la digitalización y nuevos costos obligatorios. Las modificaciones clave se centran en la introducción de una tarifa anual obligatoria de 100 dólares para todos aquellos expedientes de asilo que permanezcan abiertos por más de un año, y la habilitación de la presentación en línea de formularios clave.
Uno de los ajustes más relevantes radica en la digitalización del formulario I-589, la solicitud de asilo. Esta modalidad en línea está reservada exclusivamente para quienes tramitan asilo afirmativo, se encuentran físicamente en Estados Unidos y no tienen causas pendientes ante un tribunal de inmigración (EOIR) o la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). Esta restricción excluye, por ejemplo, a los menores no acompañados en procesos administrativos de deportación y a quienes tienen solicitudes previas aún no resueltas. La medida busca limitar errores en los expedientes enviados y aumentar la transparencia en el monitoreo de los casos, obligando a solicitantes y abogados a utilizar la vía digital para varios trámites, incluyendo el N-400 (Naturalización), el I-130 (Petición de familiar extranjero) y el I-765 (Autorización de empleo). Además, todos los pagos de tarifas ahora se efectúan de forma electrónica (tarjeta de crédito o débito) a partir del 28 de octubre de 2025, eliminando métodos tradicionales como cheques y giros postales.
El otro cambio crucial es la imposición de la tarifa anual de 100 dólares. USCIS ha sido claro en que este pago es mandatorio para las peticiones que superen los 12 meses de antigüedad y no admite exenciones, incluso para casos humanitarios o de extrema necesidad económica, lo cual ha generado debate entre los defensores de los derechos de los migrantes. Los solicitantes afectados reciben una notificación formal que exige el pago en línea dentro de un plazo estricto de 30 días hábiles. El incumplimiento de este plazo y la falta de pago pueden resultar en la suspensión o el cierre definitivo del expediente, impactando drásticamente el avance procesal del solicitante. El nuevo régimen obliga a los usuarios a crear y mantener una cuenta activa en la plataforma myUSCIS para poder gestionar el pago, recibir notificaciones y consultar el estado de sus casos. Con estos nuevos protocolos, la agencia busca agilizar los tiempos, pero a la vez impone una carga financiera y administrativa que demanda el estricto cumplimiento de los nuevos calendarios y la documentación precisa para avanzar en cada caso.
