El gobierno de Estados Unidos ha declarado formalmente a Perú en estado de default tras el vencimiento del plazo para el pago de una deuda de 91 millones de dólares a favor de la empresa Kuntur Wasi. Esta medida drástica se produce luego de años de litigios internacionales derivados de la cancelación del contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco. Según el reporte oficial, el incumplimiento de la sentencia arbitral ha llevado a las autoridades norteamericanas a activar protocolos financieros que colocan a los activos peruanos en territorio estadounidense bajo un riesgo inminente de embargo, lo que representa un golpe severo a la reputación crediticia y a la estabilidad económica de la nación sudamericana.
La situación ha generado una alarma inmediata en los mercados financieros, ya que la declaratoria de default podría desencadenar cláusulas de aceleración en otros compromisos de deuda externa del país. Analistas económicos advierten que el riesgo de embargo afecta no solo a las cuentas soberanas, sino también a bienes estatales estratégicos que se encuentran bajo jurisdicción internacional. Por su parte, el gobierno peruano ha intentado minimizar el impacto inicial, aunque el Tesoro de Estados Unidos mantiene firme la sanción hasta que se efectivice el desembolso total de la indemnización. Este escenario de aislamiento financiero obliga a la administración actual a buscar soluciones de emergencia para evitar una parálisis en sus transacciones externas y proteger sus reservas.
