El ejército de Venezuela ha desplegado un operativo especial de vigilancia en las principales refinerías y terminales de carga del país tras el aumento de la tensión política con el gobierno de Estados Unidos. Esta medida busca blindar la infraestructura energética nacional frente a posibles actos de desestabilización o sabotaje que pudieran afectar la producción y exportación de crudo, principal motor de la economía venezolana. Los mandos militares aseguraron que las tropas mantendrán una presencia permanente en las zonas operativas de la estatal PDVSA para garantizar la continuidad de las actividades y la seguridad de los trabajadores. El despliegue ocurre en un contexto de retórica confrontativa, donde las autoridades locales denuncian constantes amenazas externas que buscan paralizar el suministro de energía en el territorio.
La presencia de uniformados y vehículos blindados se ha intensificado especialmente en el Complejo Refinador de Paraguaná y en las cuencas del Orinoco, áreas críticas para el sostenimiento del sistema energético. Mientras tanto, analistas internacionales advierten que la militarización de los campos petroleros responde a una estrategia de control social y político frente a la incertidumbre generada por las sanciones financieras impuestas por Washington. Por su parte, la oposición interna ha cuestionado el uso de los recursos militares para tareas de custodia industrial, señalando que estas acciones no resuelven los problemas estructurales de falta de mantenimiento e inversión en el sector. La comunidad internacional observa con preocupación este escenario, ante el temor de que una escalada en la zona impacte los precios globales del petróleo en el cierre del año.
