El incremento del Impuesto al Valor Agregado del 12 % al 15 % ha generado un intenso debate sobre su verdadera eficacia en el fortalecimiento de la seguridad pública. Según una nota periodística del diario Expreso de Ecuador, a pesar de que la medida fue presentada como una solución para financiar la lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, diversos sectores de la sociedad civil y analistas económicos muestran escepticismo sobre el destino final de estos recursos. El reporte señala que no existe una transparencia total en la ejecución presupuestaria, lo que impide verificar si el flujo de dinero está llegando directamente al equipamiento de las fuerzas del orden o si se está utilizando para cubrir el déficit fiscal recurrente del Estado. La falta de resultados tangibles en la reducción de los índices de violencia en las zonas más conflictivas del país refuerza la percepción de que la carga tributaria no está cumpliendo con su objetivo principal.
La preocupación se extiende al impacto que este impuesto tiene sobre el costo de vida de los ciudadanos, quienes enfrentan un encarecimiento de bienes y servicios básicos en un contexto de estancamiento económico. El diario Expreso destaca que, mientras el gobierno insiste en la necesidad de mantener el gravamen para sostener las operaciones militares, las cifras oficiales de criminalidad no muestran una tendencia a la baja que justifique el sacrificio financiero de la población. Los especialistas consultados sugieren que, más allá de la recaudación, el país requiere una estrategia integral que combine la inversión en inteligencia con políticas sociales que ataquen las raíces de la delincuencia. Con el vencimiento de los plazos para reportar el uso de los fondos, la presión social aumenta para que el ejecutivo rinda cuentas claras sobre cada dólar adicional ingresado a las arcas públicas por este concepto, garantizando que el esfuerzo ciudadano se traduzca en una paz verdadera y duradera.
