Un masivo operativo ejecutado el 20 de marzo de 2026, denominado Caso Emporio Presidiario, ha revelado una de las estructuras de lavado de activos más grandes detectadas en el país. Según el director de la UAFE, José Julio Neira, la investigación se originó tras un Reporte de Operaciones Inusuales (ROII) que detectó movimientos superiores a los 1.700 millones de dólares entre 2015 y 2025. El entramado involucra a la empresa LaFattoria, exproveedora de alimentos en centros carcelarios, y a otras seis compañías de los sectores de transporte y seguridad, las cuales habrían servido para canalizar depósitos en efectivo provenientes de personas privadas de libertad y líderes de bandas criminales.
Tras las intervenciones realizadas en provincias como Guayas, Los Ríos y El Oro, la justicia dictó prisión preventiva para nueve de los once detenidos, entre los que figuran Pedro R., Hans T. y Karla M. El ministro del Interior, John Reimberg, calificó este operativo como un golpe histórico a las economías criminales, detallando que la red operaba mediante compañías interconectadas que movilizaron más de 178 millones de dólares solo entre personas naturales. El magistrado a cargo del caso ordenó al SNAI garantizar la seguridad de los procesados en centros adecuados, mientras la Fiscalía continúa analizando los registros financieros que exponen el flujo de capitales ilícitos hacia el sistema formal.
