La institucionalidad judicial de Ecuador enfrenta una crisis de legitimidad este miércoles 28 de enero de 2026. La Contraloría General del Estado avanza en un examen especial a la designación de los cinco vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) realizada por el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) en septiembre de 2025. La auditoría, que abarca la gestión desde noviembre de 2024 hasta finales de 2025, pone bajo la lupa a unos 20 funcionarios, incluyendo a la mayoría del pleno del CPCCS liderada por Andrés Fantoni, por posibles irregularidades en el proceso que llevó a Mario Godoy Naranjo a la presidencia de la Judicatura.
Paralelamente, la Fiscalía General del Estado ha iniciado una indagación previa contra Godoy, su esposa y cinco consejeros del CPCCS. Se les investiga por delitos graves como delincuencia organizada y tráfico de influencias, tras denuncias de que la designación habría sido parte de una estructura para obtener beneficios judiciales. En el ámbito legislativo, la Comisión de Fiscalización ya califica el juicio político contra Godoy, impulsado por sospechas de presiones a jueces en casos de lavado de activos vinculados a ciudadanos extranjeros.
