Ecuador continúa su lucha contra la crisis carcelaria, y la construcción de la denominada “Cárcel del Encuentro” en Santa Elena se posiciona como una de las principales estrategias del Gobierno para retomar el control y reducir el hacinamiento. Esta nueva mega-prisión, anunciada con el objetivo de introducir tecnología de punta para el monitoreo y gestión de las Personas Privadas de la Libertad (PPL), busca reemplazar los antiguos centros que se convirtieron en epicentros de la violencia dirigida por las bandas criminales. Sin embargo, diversos analistas y expertos en derechos humanos coinciden en que la infraestructura por sí sola no será suficiente, ya que el sistema de rehabilitación social del país sufre de problemas estructurales mucho más profundos que requieren una intervención integral.
Los retos principales para el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas y Adolescentes Infractores (SNAI) se centran en ir “más allá de la militarización” y enfocarse en la verdadera reinserción. Los centros actuales han sido señalados por la falta de programas productivos y educativos efectivos, la corrupción interna, la tenencia de armas y drogas, y el hacinamiento crónico, que perpetúa la espiral de violencia. Es fundamental que la nueva cárcel incorpore un modelo basado en los derechos humanos que desarrolle las capacidades de los reclusos para que puedan ejercer derechos y cumplir responsabilidades al recuperar su libertad, evitando que las prisiones sigan siendo simples “depósitos” de seres humanos y centros de planificación delictiva.
