El Salvador ha desatado un intenso debate con la emisión de un memorando que prohíbe el uso del “lenguaje inclusivo” en todos los centros educativos y dependencias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Firmado el 2 de octubre de 2025, el documento busca “consolidar una comunicación institucional clara, uniforme y respetuosa” y “garantizar el buen uso del idioma”. El presidente Nayib Bukele respaldó públicamente la medida de su ministra de educación, Karla Trigueros, al declarar en redes sociales que el “mal llamado ‘lenguaje inclusivo’” queda prohibido en las escuelas públicas del país.
La prohibición se fundamenta en la consideración de que términos como “amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotrxs” son “deformaciones lingüísticas”. El memorando va más allá, al afirmar que estas deformaciones “aluden a la ideología de género” y, por lo tanto, su uso no se admite bajo ninguna circunstancia. La ministra Trigueros, quien es médica y militar, añadió que el objetivo es “proteger a la primera Infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas que afecten su desarrollo integral” y aseguró que la disposición es de estricto cumplimiento y se aplica a toda la redacción de comunicaciones formales.
Esta decisión del gobierno de Bukele se suma a otras medidas previas, como la orden de eliminar “todo rastro” del enfoque de género de los libros y guías escolares en 2024. La medida contrasta fuertemente con la definición que instituciones como el Instituto Tecnológico de Monterrey le dan al lenguaje inclusivo, al considerarlo un conjunto de expresiones que buscan “combatir la discriminación y promover la igualdad” al visibilizar la diversidad de género, orientación sexual y capacidades, entre otros aspectos. Críticos del gobierno han calificado la reciente prohibición como un intento de “militarización” de la educación salvadoreña.
