Lo que se proyectó como una modernización clave para la flota aérea de la Policía Nacional del Perú se ha transformado en uno de los mayores escándalos de corrupción y negligencia administrativa del gobierno del presidente José Jerí. El Ministerio del Interior adjudicó un contrato por 63,9 millones de dólares a la empresa Aero Express FZE, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, para la compra de un avión Antonov An-74. Sin embargo, la propia fabricante ucraniana Antonov ha desmentido oficialmente el acuerdo, confirmando por canales diplomáticos que la empresa contratada no es su representante, no posee licencias de construcción y que el modelo An-74 ni siquiera se fabrica en la actualidad.
La advertencia de Antonov, firmada por su director Yevhen Havrylov, señala que los documentos presentados por Aero Express FZE para ganar la licitación el 31 de octubre de 2025 son falsificaciones. La empresa ucraniana detectó que las firmas y fechas en las supuestas cartas de autorización no coinciden con los registros de sus exdirectivos. Este hallazgo valida las observaciones previas de la Contraloría y de la Embajada de Ucrania en Lima, que ya habían alertado sobre la naturaleza de la empresa de fachada controlada por el ciudadano ruso Valery Paniklov. A pesar de estas señales rojas, la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) procedió con la firma del contrato millonario.
Las repercusiones políticas no se han hecho esperar. Ronnie Matienzo Mendoza, el entonces jefe de la OGAF que otorgó la buena pro, renunció a su cargo apenas unos días después de sellar la adquisición. Actualmente, el Ministerio Público investiga las responsabilidades penales de los funcionarios involucrados en el desembolso de fondos públicos para una aeronave que ninguna fábrica certificada en el mundo está produciendo. El caso pone en entredicho los sistemas de verificación de proveedores del Estado peruano ante empresas internacionales de dudosa procedencia.
