La sentencia escrita contra el ciudadano serbio Jezdimir Srdan y su pareja, Alexandra Fernández, ha revelado un sofisticado esquema de lavado de activos que operaba en las zonas de mayor plusvalía de Ecuador. A pesar de declarar ingresos mínimos, la estructura criminal adquirió oficinas en La Puntilla, departamentos en Cuenca y Salinas, y una hacienda camaronera en Guayaquil, utilizando pagos en efectivo y empresas fachada como Vivo Pro Vobis S.A. Entre los bienes más destacados se encuentra una oficina en Samborondón valorada en USD 145.343 y un departamento en Cuenca con muebles de doble fondo diseñados para ocultar dinero. El Tribunal de Garantías Penales ratificó el decomiso de estos activos al comprobar que no existía una fuente legal que justificara el incremento patrimonial de la pareja.
Además de los bienes inmuebles, la red de Srdan invirtió en una flota de maquinaria pesada y vehículos de alta gama, incluyendo excavadoras, camiones Mercedes Benz y motocicletas de lujo marca KTM, todas pagadas al contado. La defensa de los procesados intentó justificar la fortuna mediante declaraciones de impuestos extemporáneas, alegando que millones de dólares en efectivo eran producto de servicios profesionales y se mantenían fuera del sistema bancario por seguridad. Sin embargo, los magistrados rechazaron estos argumentos ante la falta de facturación y clientes reales. La resolución judicial marca un precedente en la lucha contra el narcotráfico internacional, desmantelando una infraestructura financiera que intentaba mimetizarse en los sectores inmobiliario y camaronero del país.
