La estructura y los métodos del crimen organizado en México han sufrido una transformación radical, pasando de supuestos “narcos nobles” a organizaciones piramidales de violencia total, según la investigación de Enrique Guerra Manzo, doctor en Sociología. El estudio revela un cambio fundamental en los “códigos de honor” que regían el narcotráfico entre 1940 y 1980, cuando los criminales eran vistos en Michoacán y otras regiones como benefactores que financiaban obras públicas o donaban a las comunidades, evitando deliberadamente el daño a la población civil. Esta relativa “paz” se sustentaba en un pacto no escrito con el Estado donde los criminales mantenían un margen de operación a cambio de someterse al control de las plazas y garantizar un “orden social civilizado”. La violencia, aunque presente, se confinaba a disputas internas entre grupos rivales, sin afectar a la población.
Sin embargo, esta estructura de pactos comenzó a fracturarse a partir de 1985. El autor destaca que la apertura democrática de las décadas siguientes debilitó al Gobierno y su capacidad para imponer un control uniforme sobre los cárteles. Este vacío de poder dio paso a una feroz competencia por el territorio y el mercado ilícito, que se resolvió con un incremento exponencial de la violencia. El arribo de grupos como Los Zetas marcó el punto de inflexión, al llevar la brutalidad a niveles sin precedentes. Los grupos actuales, a diferencia de sus predecesores, fusionaron el sicariato con otras actividades criminales, diversificando su modus operandi más allá del narcotráfico e incluyendo secuestros, extorsiones y la venta de protección. La sociedad civil dejó de ser un actor neutral para convertirse en “botín de guerra”, siendo objeto de terror y expoliación económica. El nuevo modelo se basa en el control total del territorio y la cooptación de autoridades, donde ahora es la policía la que trabaja para el crimen organizado, socavando la autoridad del Estado. Los cárteles ya no buscan legitimidad social, sino que operan como estructuras empresariales que desafían abiertamente al Estado y ejercen funciones casi gubernamentales en las comunidades, lo que ha marcado una nueva y más peligrosa etapa en la historia del narcotráfico en México.
