En el contexto del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), los principales partidos políticos han delineado posturas marcadamente diversas. El movimiento Pachakutik, brazo político indígena, ha hecho un llamado a la unidad entre el campo y la ciudad y a dejar de lado las diferencias internas, mientras reafirma el derecho a la protesta como legítimo y legal. El Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) fue más allá, respaldando la movilización popular y responsabilizando directamente al Gobierno por la represión que resultó en la muerte del manifestante Efraín Fueres. El PSE exige la destitución y enjuiciamiento de los ministros de Defensa e Interior, al tiempo que ofrece apoyo logístico y legal a los participantes.
El respaldo a la protesta se extiende a la Revolución Ciudadana (RC), cuya presidenta, Luisa González, reiteró el apoyo de su organización y alentó a la militancia a sumarse a las movilizaciones. González ofreció recursos como abogados y alimentos a los manifestantes, instando al Ejecutivo a entablar un diálogo con el movimiento indígena. En contraste con estos apoyos, la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados tomaron una ruta diferente en la Asamblea Nacional, al asignar a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral —también dominada por el oficialismo— la tarea de fiscalizar los hechos de violencia durante el paro. Esta decisión provocó un conflicto con la Comisión de Garantías Constitucionales, de mayoría correísta, que había iniciado previamente una investigación.
Mientras tanto, otros actores políticos han priorizado la próxima consulta popular y el referéndum de noviembre, relegando el paro nacional a un segundo plano en su discurso público. Partidos como el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento CREO se han enfocado en las próximas votaciones. El PSC ha manifestado su apoyo a la idea de una asamblea constituyente, aunque no la considera oportuna en este momento, manteniendo una postura crítica hacia el gobierno. Por su parte, el movimiento CREO, que respalda al expresidente Guillermo Lasso, ha adoptado una posición activa a favor del “Sí” en la consulta popular, que incluye temas como la instalación de bases militares extranjeras y la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos.
