El presidente de la República, Daniel Noboa, reaccionó de manera inmediata ante las intimidaciones reportadas por el juez Jairo García Mosquera, encargado del sensible caso Goleada. El mandatario expresó su total solidaridad con el magistrado y emitió una disposición directa al Ministerio del Interior para que se realice un análisis de riesgo personal exhaustivo. El objetivo de esta orden presidencial es brindar toda la seguridad necesaria para que el funcionario pueda ejercer sus facultades “en derecho, con independencia y sin presiones”, reafirmando la postura del Ejecutivo de no permitir que el sistema de justicia sea doblegado por agentes externos o estructuras criminales.
El peligro que enfrenta el juez García no es menor, dado que tiene bajo su responsabilidad el proceso contra figuras de alto perfil político y empresarial, incluyendo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos. Al tratarse de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, el magistrado se convierte en un blanco crítico para quienes buscan obstruir la justicia. Ante esta vulnerabilidad, el Consejo de la Judicatura ha tomado medidas excepcionales, como la autorización del teletrabajo al 100 % y la activación de protocolos de protección no solo para el juzgador, sino también para su círculo familiar íntimo, buscando mitigar cualquier intento de represalia.
Este escenario de hostilidad contra los operadores de justicia se vuelve recurrente en el país, marcando el segundo incidente de este tipo en menos de tres meses. La memoria reciente del caso del juez anticorrupción Carlos Serrano, cuyas denuncias provocaron incluso la caída del anterior presidente de la Judicatura, pone en evidencia la fragilidad de la seguridad institucional. La firmeza con la que el presidente Noboa y el pleno de la Judicatura han respondido este 26 de febrero busca evitar un nuevo quiebre en la función judicial y asegurar que casos de gran impacto social, como el caso Goleada, no queden en la impunidad debido al miedo o la coacción.
