El fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, lanzó una severa advertencia este sábado al declarar que cualquier persona que participe o colabore en las actuales protestas será considerada “enemigo de Dios”. Este cargo conlleva la pena de muerte según la legislación del país persa. Las movilizaciones, que cumplen casi dos semanas en diversas ciudades como Teherán, Mashhad y Shiraz, han dejado un saldo de al menos 72 fallecidos y más de dos mil detenidos. La amenaza judicial busca frenar la ola de descontento social que se originó por la crisis económica y la inflación galopante, mientras el gobierno intensifica el aislamiento informativo mediante un apagón de internet nacional para evitar la difusión de la represión.
La comunidad internacional ha reaccionado con firmeza ante la escalada de violencia en Irán. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su respaldo a las demandas de libertad de la ciudadanía y exigió el cese inmediato de la represión. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que su país está listo para ayudar al pueblo iraní en su búsqueda de democracia. A pesar de las amenazas de juicios rápidos y sin clemencia, los manifestantes continúan desafiando al régimen en las calles, mientras organizaciones de derechos humanos denuncian el uso de fuerza letal incluso contra menores de edad. La tensión aumenta en Teherán ante la posibilidad de ejecuciones públicas destinadas a amedrentar a la población civil.
