El régimen de Irán intensificó su postura represiva este domingo al anunciar que aplicará castigos drásticos y acelerados contra los miles de ciudadanos detenidos durante las recientes movilizaciones sociales. Ali Salehi, fiscal de Teherán, comunicó que el sistema judicial no tendrá clemencia con quienes participaron en los disturbios, calificándolos como criminales que atentan contra la seguridad nacional. Esta advertencia surge en un contexto crítico, donde fuentes oficiales citadas por agencias internacionales reportan que la cifra de fallecidos ya supera las 5.000 personas, consolidando este periodo como uno de los más sangrientos en la historia reciente de la república islámica.
La comunidad internacional ha reaccionado con firmeza ante la escalada de violencia en el país persa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al ayatolá Ali Khamenei como un líder que destruye a su propio pueblo y exigió un cambio inmediato en la gobernanza de Irán. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos como HRANA continúan documentando la magnitud de la tragedia, confirmando la muerte de al menos 22 menores de edad entre las víctimas identificadas. Pese a la presión externa y las multitudinarias manifestaciones en capitales europeas, el liderazgo iraní mantiene su retórica de confrontación, atribuyendo las protestas a una supuesta orquestación de enemigos internacionales.
