El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha condenado al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. La decisión, que se considera histórica, fue aprobada por una votación de 4 a 1 por los magistrados. Según los jueces, las pruebas presentadas demuestran que Bolsonaro lideró un complot para desacreditar el sistema electoral, atacar las instituciones y anular los resultados de los comicios.
La condena de Bolsonaro no es un caso aislado. El Supremo también sentenció a siete de sus excolaboradores, incluyendo a cuatro exjefes militares de alto rango, algo sin precedentes en la justicia brasileña. Todos fueron encontrados culpables de crímenes como organización criminal armada, intento de abolición del Estado democrático de derecho e intento de golpe de Estado. La defensa del expresidente ha anunciado que apelará la sentencia, incluso a nivel internacional, por considerarla “increíblemente excesiva y desproporcionada”.
La reacción de Donald Trump y el vínculo con el asalto al Capitolio:
La sentencia contra Bolsonaro ha generado una fuerte reacción en Estados Unidos. El presidente Donald Trump, un firme aliado del brasileño, expresó su sorpresa y condenó la decisión, comparando la situación con los intentos de persecución política que, según él, ha enfrentado en su propio país. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, también calificó la sentencia de “injusta” y prometió que Washington responderá a esta “caza de brujas” con nuevas acciones.
El caso de Bolsonaro está directamente relacionado con el asalto a las instituciones brasileñas ocurrido el 8 de enero de 2023, cuando miles de sus seguidores invadieron el Congreso, el Supremo Tribunal y el Palacio del Planalto. Este evento, que ha sido descrito como una “versión tropical del asalto al Capitolio” de Estados Unidos, es visto por la justicia como el clímax de una conspiración que, según la Fiscalía, se gestó en 2021. Las investigaciones señalan que Bolsonaro y sus colaboradores conspiraron para anular los resultados electorales, incluso contemplando planes para detener a jueces del Supremo y convocar a nuevas elecciones, una conspiración que, según concluyó la Policía Federal, naufragó por la falta de apoyo de los jefes militares.
