El pleno del Tribunal Contencioso Electoral resolvió desestimar el recurso de apelación interpuesto por la excandidata Luisa González contra una resolución del Consejo Nacional Electoral. La controversia surgió tras el examen de las cuentas de campaña presentadas por el movimiento Revolución Ciudadana correspondientes a las elecciones anticipadas del año 2023. El órgano administrativo detectó diversas inconsistencias en los reportes financieros de la organización, lo que motivó la impugnación por parte de sus representantes. Con este fallo, el tribunal ratifica la validez de lo actuado por la autoridad electoral, determinando que los argumentos de la apelante no fueron suficientes para desvirtuar las observaciones iniciales realizadas durante la auditoría de los fondos públicos y privados utilizados en la contienda electoral.
Esta decisión judicial refuerza la potestad del Consejo Nacional Electoral para fiscalizar los recursos destinados a la propaganda y logística de las agrupaciones políticas. Las observaciones en las cuentas de campaña pueden derivar en sanciones administrativas o multas para la organización, dependiendo de la naturaleza de las faltas identificadas en la gestión de los gastos declarados. Mientras los líderes de la agrupación política han cuestionado la objetividad del proceso, los magistrados sostienen que el fallo se ajusta a la normativa vigente para garantizar la transparencia democrática. La ratificación obliga a la organización a transparentar los montos señalados para evitar futuras complicaciones legales dentro del sistema electoral ecuatoriano.
