Elon Musk, al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), lidera una ambiciosa reforma para reducir el gasto federal de Estados Unidos en 2 billones de dólares, equivalente a un tercio del presupuesto actual de 7 billones. Anunciada el 7 de mayo de 2025, la iniciativa incluye despidos masivos de empleados públicos, la disolución de agencias federales y la revisión de contratos, generando tanto apoyo como críticas por su impacto en programas sociales.
Bajo la dirección de Musk y Vivek Ramaswamy, DOGE ha desmantelado entidades como la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y congelado fondos de ayuda humanitaria. En tres meses, se han recortado 160,000 millones de dólares, lejos del objetivo inicial, según Musk en una entrevista reciente. La estrategia incluye una orden ejecutiva de Donald Trump que otorga a DOGE autoridad para supervisar contratos y limitar contrataciones a puestos esenciales, con una proporción de una nueva contratación por cada cuatro bajas.
La reforma enfrenta resistencia. Un juez federal bloqueó recortes a USAID por posible inconstitucionalidad, y los demócratas critican la eliminación de programas como Medicare y Seguridad Social, que benefician a millones. Musk ha señalado fraudes en la Seguridad Social, como pagos a personas fallecidas, pero expertos advierten que verificaciones estrictas podrían excluir a discapacitados y ancianos. Además, el gasto federal alcanzó un récord de 603,000 millones en febrero, impulsado por costos de deuda y seguridad social, frustrando los planes de DOGE.
A pesar de los obstáculos, Musk insiste en la necesidad de reducir el déficit de 2 billones para evitar la bancarrota del país. Sus métodos, que incluyen jornadas de 18 horas para empleados de DOGE y la contratación de jóvenes ingenieros tecnológicos, han generado acusaciones de explotación laboral. Mientras el Congreso debate un presupuesto que limite recortes, el futuro de esta reforma dependerá de batallas legales y la capacidad de Musk para sortear la supervisión legislativa.
