La producción de cocaína en Colombia ha entrado en una fase de crecimiento sin precedentes, alcanzando niveles históricos que impactan directamente en la estabilidad de la frontera sur. Según los últimos reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aproximadamente la mitad de los cultivos ilícitos de todo el territorio colombiano se concentran hoy en los departamentos de Nariño y Putumayo. Esta densidad de plantaciones, visible desde poblaciones ecuatorianas como Mataje o las riberas del río San Miguel, ha consolidado un corredor estratégico para el narcotráfico que conecta los centros de producción con las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, facilitando el flujo constante de alcaloides hacia los puertos de exportación.
Las cifras revelan una tendencia alarmante: el área sembrada pasó de 230.000 hectáreas en 2022 a un estimado que supera las 260.000 en el último año, con una capacidad de producción que ya sobrepasa las 3.000 toneladas anuales de clorhidrato de cocaína. Esta realidad geográfica y productiva ha sido el detonante de la reciente fricción diplomática entre Quito y Bogotá, ante los reclamos por la falta de un control efectivo que frene la expansión de estas economías ilegales. Mientras la tendencia se mantiene al alza, la porosidad de la frontera común sigue siendo el principal desafío para las fuerzas de seguridad, que enfrentan a organizaciones criminales con un poder financiero alimentado por niveles de producción nunca antes registrados en la región.
