Este lunes 23 de febrero de 2026 marca un cambio estructural en las finanzas locales de Ecuador. Con su publicación en el Registro Oficial, entró en vigencia la Ley Reformatoria al COOTAD para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto, enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter de económico urgente. La normativa, aprobada el pasado viernes en Samborondón, establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) solo podrán recibir sus transferencias de ley si cumplen con una “regla de asignación mínima”, la cual prioriza el mantenimiento de servicios públicos y la inversión sobre el gasto administrativo y eventos de entretenimiento.
La nueva distribución: 70/30 para la sostenibilidad fiscal
La reforma modifica el artículo 192 del COOTAD, vinculando la participación del 21% de ingresos permanentes y 10% de no permanentes al cumplimiento de una estructura de egresos rígida:
- Inversión y Mantenimiento (70%): Al menos el 70% del presupuesto anual de egresos no financieros debe ser destinado obligatoriamente a gasto no permanente, como infraestructura, reposición de activos y servicios públicos.
- Gasto Corriente (30%): El presupuesto destinado a salarios y operatividad administrativa tendrá un techo máximo del 30%.
- Eliminación de gastos discrecionales: El texto prohíbe explícitamente el uso de estos fondos para eventos artísticos, culturales o recreativos que no dinamicen la economía, bajo el criterio de que estos no promueven el desarrollo sostenible.
Cronograma de aplicación y sanciones
Para asegurar que los GAD se adapten al nuevo marco legal, el Ministerio de Economía y Finanzas aplicará un criterio de gradualidad con seguimientos trimestrales. Los municipios y prefecturas que no cumplan con estas metas verán comprometidas sus asignaciones presupuestarias:
| Año de evaluación | Porcentaje mínimo de inversión exigido |
| Desde el 1 de junio de 2026 | 65% (verificado en diciembre 2026) |
| 2027 | 68% |
| 2028 en adelante | 70% |
Vigilancia y control
El Ministerio de Economía y Finanzas tendrá un plazo de 60 días tras la terminación de cada trimestre para emitir informes de cumplimiento. Esta medida busca extinguir el uso político de los presupuestos locales en festividades o eventos de “entretenimiento”, garantizando que el dinero del Presupuesto General del Estado se transforme en obras tangibles para la ciudadanía. La ley entra en aplicación inmediata para la planificación presupuestaria del segundo semestre de este año.
