En España crece la controversia sobre el uso de cámaras de videovigilancia de las marcas chinas Dahua y Hikvision, instaladas en lugares sensibles como la Academia General del Aire, donde la princesa Leonor continuará su formación militar, la Base Aérea de Morón, la Unidad Militar de Emergencias, el INTA y el complejo de La Moncloa. Países como EE. UU., Reino Unido, Canadá y Australia han prohibido estos dispositivos por sospechas de espionaje vinculado al régimen chino, según informes que alertan sobre su uso para obtener información estratégica.
Las cámaras, fabricadas por Dahua y Hikvision, ofrecen tecnología avanzada como algoritmos de seguimiento inteligente, cobertura de 360° y reconocimiento facial, pero el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha reportado graves fallos de seguridad en equipos de Hikvision. Estos dispositivos están presentes en ministerios, Renfe, ADIF, RTVE y numerosos ayuntamientos, lo que aumenta las preocupaciones sobre su vulnerabilidad y posible uso indebido.
Sectores en España demandan revisar la conveniencia de mantener estas cámaras en instalaciones críticas. Mientras Dahua promociona su nueva serie PT para empresas y Hikvision destaca sus soluciones con inteligencia artificial, las alertas sobre riesgos de ciberseguridad y espionaje persisten, generando un debate sobre la seguridad nacional y la protección de datos.
