La justicia española celebrará el próximo 23 de abril de 2025 una audiencia clave para decidir la extradición de Willian Joffre Alcívar Bautista, conocido como alias “Negro Willy”, líder de la organización criminal Los Tiguerones, y de su hermano Álex Iván Alcívar Bautista, alias “Ronco”, segundo al mando. Ambos fueron capturados el 22 de octubre de 2024 en una lujosa residencia en Segur de Calafell, Tarragona, en un operativo conjunto entre la Guardia Civil española y la Policía Nacional de Ecuador. Durante los allanamientos, las autoridades incautaron 7.710 euros en efectivo, vehículos de alta gama como Mercedes Benz y BMW, joyas, celulares, una computadora portátil y documentos falsos de nacionalidad venezolana y colombiana, que los hermanos utilizaban para ocultar su identidad.
La Fiscalía española, según la agencia EFE, ha solicitado formalmente la extradición de Negro Willy, reiterando su petición ante la Audiencia Nacional. En su escrito, detalla los graves delitos atribuidos a Los Tiguerones, incluyendo una extorsión en la que exigieron 20.000 dólares a un ciudadano ecuatoriano a través de mensajes de WhatsApp con prefijos internacionales, amenazando con atentar contra la vida de sus familiares. Además, se les vincula con coches bomba, sicariatos y el asesinato del fiscal César Suárez, quien investigaba el asalto a TC Televisión y fue asesinado a balazos días después de iniciar las pesquisas.
En Ecuador, Negro Willy es señalado como el autor intelectual del ataque armado al canal TC Televisión en Guayaquil, ocurrido el 9 de enero de 2024. Ese día, 13 hombres encapuchados irrumpieron en el set de noticias durante una transmisión en vivo, armados con pistolas, granadas y explosivos. Sometieron al personal, colocaron un explosivo en la ropa de un periodista y lanzaron amenazas, generando pánico a nivel nacional. Según la Fiscalía ecuatoriana, Negro Willy coordinó el ataque mediante videollamadas, dando instrucciones directas a los ejecutores. El asalto se produjo en el contexto de la declaratoria de “conflicto armado interno” por el presidente Daniel Noboa, tras la fuga de José Adolfo Macías, alias “Fito”, de la cárcel Regional Guayas. Por este caso, 11 adultos fueron sentenciados a 13 años de prisión por terrorismo, mientras que dos menores recibieron internamiento preventivo. Sin embargo, uno de los condenados fue encontrado muerto en la Penitenciaría del Litoral en marzo de 2025.
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitó oficialmente la extradición de los hermanos Alcívar el 21 de noviembre de 2024, enviando pruebas como imágenes del ataque a TC Televisión y registros de la videollamada donde Negro Willy impartía órdenes. Sin embargo, el proceso judicial en Ecuador quedó paralizado debido a la ausencia de los acusados, quienes habrían abandonado el país en 2023. Según la Policía ecuatoriana, Negro Willy salió de Guayaquil hacia Chile en 2020 y llegó a España desde Sao Paulo, Brasil, utilizando documentación falsa. En Tarragona, los hermanos montaron una empresa de encomiendas y transporte como fachada, manteniendo un estilo de vida ostentoso con vehículos de lujo y compras en tiendas exclusivas.
Los Tiguerones, surgidos en 2017 como una facción de Los Choneros, se consolidaron tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, en 2020. Bajo el liderazgo de Negro Willy, expandieron sus operaciones de narcotráfico, extorsión y sicariato desde Guayaquil hasta Esmeraldas, su ciudad de origen. La organización, que recluta incluso a menores para actividades criminales, es considerada terrorista por el gobierno ecuatoriano debido a su capacidad para planificar actos de violencia indiscriminada. La captura de Negro Willy y Ronco representa un golpe significativo, pero expertos advierten que podría acelerar la fragmentación del grupo, aumentando la violencia entre facciones rivales como Los Lobos.
La audiencia del 23 de abril será determinante para que la justicia española decida si los hermanos serán enviados a Ecuador, donde enfrentan cargos por terrorismo, delincuencia organizada, asesinato y secuestro. Mientras tanto, la ciudadanía ecuatoriana aguarda justicia por el ataque que marcó un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en el país.
