El Gobierno de España aprobó este martes 10 de marzo una nueva regulación que garantiza el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria pública para extranjeros sin residencia legal. La medida busca simplificar el acceso al sistema, permitiendo que la residencia se acredite no solo mediante el empadronamiento, sino también a través de certificados de escolarización, facturas de suministros o informes de servicios sociales.
Según el Ministerio de Sanidad, al presentar la solicitud se emitirá un documento provisional que habilitará la atención médica desde el primer momento. La administración tendrá un plazo máximo de tres meses para resolver el expediente; si no hay respuesta en ese tiempo, se aplicará el silencio administrativo positivo, otorgando el derecho de forma automática y sin caducidad, siempre que el beneficiario no obtenga cobertura por otra vía.
Puntos clave de la nueva normativa
- Atención de oficio: Los centros sanitarios deberán iniciar el trámite si el paciente no puede hacerlo al momento de ser atendido, evitando así el envío de facturas por falta de documentación previa.
- Grupos vulnerables: Se reconoce el derecho a la asistencia inmediata y prioritaria para menores, embarazadas, solicitantes de asilo y víctimas de violencia de género, sexual o trata, independientemente de su estatus administrativo.
- Salud reproductiva: La norma explicita el derecho de las mujeres extranjeras no residentes a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema público.
- Españoles en el exterior: El beneficio se extiende a ciudadanos españoles residentes fuera del país y sus familiares durante estancias temporales en España.
Reacciones políticas y contexto migratorio
La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la medida como un paso esencial para consolidar la sanidad como un derecho universal. Sin embargo, la regulación ha enfrentado duras críticas por parte de Vox. Su presidente, Santiago Abascal, calificó la decisión de “crimen” y argumentó que fomentará un “efecto llamada” para la inmigración irregular.
Esta reforma sanitaria complementa el proceso de regularización extraordinaria aprobado el pasado 27 de enero, el cual permite normalizar la situación de migrantes que acrediten residencia en el país desde antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales.
